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FORO
DE ANÁLISIS PARA UN ACUERDO DE ACCIÓN SOBRE LA ALIANZA
PARA LA SEGURIDAD Y LA PROSPERIDAD DE AMÉRICA DEL NORTE (ASPAN)
Redes y organizaciones
sociales, académicos, legisladores y diversas personalidades,
reunidos para analizar la ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad
de América del Norte) –acordada y puesta en práctica
inconstitucionalmente desde marzo de 2005 por los presidentes de
Estados Unidos y México, y el primer ministro de Canadá–,
hemos consensuado llamar al pueblo de México a luchar contra
esta nueva embestida neoliberal y a apoyar la siguiente
DECLARACIÓN
La ASPAN tiene
un muy peligroso significado histórico: profundiza el neoliberalismo
en México usando el TLCAN como un TLC-plus para privatizar
la política y transnacionalizar la seguridad interna a favor
de los intereses de los poderosos de los tres países.
Este TLC-plus es un golpe de Estado técnico ya que los poderes
ejecutivos de los tres países están haciendo a un
lado a los congresos y creando instancias privadas transnacionales
que consensan políticas y planes, es decir, se pretende privatizar
la política interna a favor de los intereses de los poderosos
de los tres países.
No les ha bastado el grado de privatización de las empresas,
con la ASPAN van por el resto de nuestros recursos y, para evitar
o controlar la movilización social, pretenden perfeccionar
los sistemas de espionaje e inteligencia, capacitar y equipar a
los ejércitos y policías bajo la dirección
del complejo militar estadounidense. En otras palabras, los grandes
empresarios ejercen el poder directamente con la ayuda de un control
militar y policiaco.
El pueblo mexicano aspira a una seguridad y a una prosperidad basadas
en empleos suficientes y bien pagados y no en el libre comercio
que lo ha llevado a la ruina y a la criminalización del movimiento
social; y aún tiene esperanza de que su Constitución
Política deje de ser letra muerta para que la soberanía
de esta nación efectivamente recaiga en él.
Energía
y soberanía
La Seguridad
e Integración Energética de la ASPAN es la pretensión
de privatizar y controlar las instalaciones de explotación,
conducción y refinamiento de hidrocarburos, así como
de generación y distribución de energía eléctrica.
Las corporaciones transnacionales quieren el control estratégico
y eficiente de los recursos energéticos y sus instalaciones
mediante su privatización y monitoreo a través de
tecnologías virtuales y satelitales desarrolladas y operadas
principalmente por firmas estadounidenses.
Los trabajadores de la energía y de telecomunicaciones defenderemos
la no privatización de ninguna empresa que tenga recursos
vitales incluso para la seguridad nacional de México, como
PEMEX y el sector eléctrico porque es falso que la privatización
contribuya a reducir costos y precios y porque es también
una falacia que se promueva la competitividad a costa de los derechos
de los trabajadores y de comprometer nuestra soberanía.
Derechos
humanos, migración y empleos
Las medidas
de seguridad de la ASPAN sobre el flujo transfronterizo de personas,
presentadas falsamente en pos de la lucha contra el terrorismo y
el narcotráfico, pretenden criminalizar la natural y creciente
demanda de trabajo mejor remunerado que las políticas económicas
neoliberales y el TLCAN no han producido en México y en muchos
otros países hermanos latinoamericanos.
La perversa política de la ASPAN detiene por medios policiaco
militares a los trabajadores migrantes, y profundiza el desmantelamiento
de la política industrial y rural además de la eliminación
de las pequeñas y medianas empresas, la agricultura campesina
e indígena y el empleo digno. De manera irresponsable, insiste
en destruir los derechos y la legislación laboral, y profundiza
la represión contra los trabajadores laborales que, buscando
mejores condiciones de vida y trabajo, resisten la embestida patronal,
entre ellos la lucha de las y los trabajadores de la maquila.
Bajo este mismo pretexto, el de la lucha contra el narcotráfico
y el terrorismo, con el Plan México (o la vergonzosa Iniciativa
Mérida) se extiende la transnacionalización de la
seguridad interna y se profundiza la criminalización de la
lucha social, lo cual lleva consigo represión, encarcelamiento
y desaparición forzada de quienes alzan la voz contra un
poder ejecutivo mexicano sumiso que vende al mejor postor los recursos
naturales y la soberanía popular.
Las profundas diferencias salariales y condiciones de trabajo y
seguridad entre nuestros países requieren cambios en las
políticas económicas, sociales y de derechos humanos
que ni el TLCAN, ni mucho menos la ASPAN contienen. La ASPAN tampoco
está diseñada para resolver la necesidad creada por
el déficit de mano de obra que los mercados de trabajo de
Estados Unidos y Canadá han padecido.
Nunca los muros ni las armas han detenido los intereses justos de
los pueblos, ni resuelto estos problemas estructurales y de merma
en el ejercicio pleno e integral de los derechos humanos.
La lucha creciente de los trabajadores de México, Canadá,
Estados Unidos y de otros países así como de la ciudadanía
en general no será detenida por medidas policiacas; la profundización
del TLCAN no resolverá las causas estructurales de las protestas
sociales. Por ello, denunciamos estos atentados a las leyes nacionales
y convenios internacionales y exigimos la prioridad del respeto
a la seguridad humana por encima de los intereses militares y policiacos
transnacionalizados.
Soberanía
Alimentaria
El derecho de
los pueblos a definir su estrategia para producir, distribuir y
tener acceso a los alimentos, respetando sus culturas y recursos
naturales –entendido éste como Soberanía Alimentaria–,
ha sido vulnerando por el TLCAN y tiene un mayor alcance con la
ASPAN. Por esa razón de sobrevivencia, denunciamos los propósitos
que hay detrás de los intereses trasnacionales y de las oligarquías
locales.
La venenosa y múltiple finalidad transnacional de invadirnos
con todo tipo de cultivos y productos transgénicos, destruyendo
nuestra agro diversidad y soberanía alimentaria, y de apoderarse
como botín del conocimiento indígena y de la rica
biodiversidad del país, está en la ASPAN envuelta
en falsos propósitos retóricos como el de la Iniciativa
Biotecnológica de América del Norte (NABI, por sus
siglas en inglés) y en la Iniciativa de Salud de los Pueblos
Indígenas.
Ante la ilegal e ilegítima negativa de los gobiernos a la
renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN,
aunado en especial al vergonzoso servilismo del gobierno mexicano
de negarse a proteger y responder a la demanda de la campaña
de “Sin Maíz, no hay País”, la movilización
de las organizaciones campesinas e indígenas, acompañadas
de la solidaridad activa de los consumidores nacionales y de los
productores y consumidores de Estados Unidos y Canadá, se
radicalizará y entrará a una etapa de persistentes
acciones venideras frente al TLCAN y contra la ASPAN.
Por todo lo anterior y más, la ASPAN no representa la concepción
de seguridad ni de prosperidad de la clase trabajadora, de la ciudadanía
ni del pueblo en general. La ASPAN es un proyecto en marcha y una
política que atenta contra la democracia y la soberanía
popular.
La necesidad de ponerle un alto a estas políticas tiene una
vía privilegiada: el compromiso y la acción de todos
los ciudadanos y las organizaciones sociales.
Hacemos un llamado a todas las mexicanas y mexicanos a la construcción
y realización de un plan de acción que obligue al
gobierno a actuar con transparencia durante cualquier negociación,
a poner fin a la celebración de compromisos anticonstitucionales
que además se hacen al margen de la ciudadanía y de
los legisladores y a detener las medidas de privatización
de la riqueza energética, de la legislación laboral,
de la biodiversidad y de la entrega de la soberanía alimentaria.
Exigimos un alto inmediato a la transnacionalización de la
seguridad interior y la privatización de la política
y su entrega a la cúpula empresarial del Consejo de Competitividad
de América del Norte.
¡Alto
al golpe de Estado de facto que entraña la ASPAN!
Ciudad
de México, 7 de diciembre del 2007.
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Convocantes
al Foro:
Organizaciones:
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC);
Convención Nacional Democrática (CND); Unión
Nacional de Trabajadores (UNT); Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC); Consejo Nacional
de Organizaciones Campesinas (CONOC); El Barzón; Coordinadora
Nacional Plan de Ayala (CNPA); Unión de Fuerza Indígena
Campesina (UFIC); Sindicato de Trabajadores del Instituto de Capacitación
Agropecuaria (STINCA); Centro de Derechos Humanos Fray Francisco
de Vitoria; DECA Equipo Pueblo A.C.; Comité Nacional de Estudios
de la Energía (CNEE); Oxfam; Red de Género y Economía
(Redge); Marcha Mundial de las Mujeres (MMM); Asociación
Latinoamericana de Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme);
Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Tehuantepec, Oaxaca; Bia’lii
Asesoría e Investigación A.C.; Red Nacional de Organismos
Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas
y todos”; Alianza Nacional Democrática de Trabajadores
Petroleros A.C. (ANDTP); Coalición Sindical sección
24 del STPRM, Salamanca, Guanajuato; Centro de Reflexión
y Acción Laboral (CEREAL); Centro de Investigaciones Económicas
y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC); Frente
Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCH); Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME); Trabajadores Democráticos de Occidente
(TRADOC – antes Sindicato de Euskadi); Bertha Elena Luján
Uranga, Secretaria del Trabajo del Gobierno Legítimo de México;
Mario Di Constanzo, Secretario de la Hacienda Pública, Gobierno
Legítimo. Diputados: Ramón Félix Pacheco Llanes,
Secretario de la Comisión de Energía; José
Antonio Almazán González, integrante de la Comisión
de Energía; Marcos Matías Alonso, Presidente de la
Comisión de Asuntos Indígenas; José Jacques
y Medina, Secretario de la Comisión de Población,
Fronteras y Asuntos Migratorios; Raymundo Cárdenas Hernández,
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; Cuauhtémoc
Sandoval Ramírez, Secretario de la Comisión de Relaciones
Exteriores; Carlos Ernesto Navarro López, Presidente de la
Comisión de Desarrollo Rural; Othón Cuevas Córdoba,
Secretario de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía
Social.
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plan de acción
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