Cumbre de los Pueblos del Sur
Salvador
de Bahía, Brasil – 12 al 15 de diciembre de 2008
Declaración
de Bahía
Representantes
de organizaciones y movimientos sociales de América Latina
y el Caribe, reunidos a raíz de la histórica realización
de cinco cumbres simultáneas de presidentes de MERCOSUR,
UNASUR, ALADI, del Grupo de Río y de América Latina
y Caribe en Salvador, Bahía.
Asumiendo el rumbo que
marcan los resultados de las Cumbres de los Pueblos realizadas en
Posadas 2008, Lima 2008, Santiago de Chile 2007, Cochabamba 2006
y Mar del Plata 2005.
Reafirmando que los hombres
y mujeres de América Latina y Caribe venimos construyendo
la integración desde los pueblos, avanzando en la disputa
por la profunda transformación del modelo productivo actual
en una perspectiva soberana, sustentable y justa.
Teniendo en cuenta los
cambios que se están realizando en el escenario mundial a
raíz del desencadenamiento de la crisis económica
del sistema capitalista que es producto de las políticas
neoliberales de la globalización que han sumido a la humanidad
en una profunda crisis energética, alimentaria, climática
y social y que ahora se expresan en la crisis económica y
financiera.
Observando que bajo la
conducción del actual gobierno de Estados Unidos se busca
dividir la región, reeditar la fracasada propuesta del ALCA
y profundizar los esquemas de libre comercio, apertura a las inversiones,
endeudamiento en varios países y militarización, y
que la Unión Europea busca impulsar políticas similares
en nuestra región.
Reconociendo no obstante,
que algunos gobiernos de la región han iniciado caminos alternativos
de desarrollo planteando nuevas formas de organización económica,
constatamos el mantenimiento de las políticas neoliberales
que han conducido a muchos pueblos a escala global a la profundización
de la pobreza, la discriminación y el abandono de la capacidad
de los estados de promover el desarrollo económico y social.
Declaramos:
Asumir el compromiso
de profundizar la integración desde los pueblos, en este
momento histórico de lucha y movilización de América
Latina y el Caribe, construyendo la soberanía popular.
Por eso consideramos
que la salida a la crisis económica global debe tener como
respuesta estratégica la integración soberana de los
países de la región y la construcción de un
nuevo orden internacional económico, financiero, basado en
la solidaridad, la justicia y el respeto a la naturaleza, que valorice
el trabajo y que incentive el derecho al desarrollo sustentable
de los Países del Sur. Las Américas que queremos construir
en la perspectiva de los pueblos deben fundarse en los valores de
solidaridad, superación del patriarcado, y ser necesariamente
anti-racista, respetuosa de las culturas de los pueblos originarios
y de la diversidad como un valor a ser defendido. En este sentido
saludamos y nos solidarizamos con los procesos constitucionales
en curso en Bolivia y en Ecuador.Asi vemos con satisfacción
que en la región se impulse la autonomía, el fortalecimiento
de los mercados internos, el abandono del dólar como referente
en los cambios internacionales, el dotarse de una capacidad financiera
propia y el replanteo de los esquemas ilegítimos de endeudamiento,
como lo ilustra el caso de la auditoria en Ecuador. Así como
a fortalecer la democracia, y la autodeterminación, la no
injerencia en los asuntos de otros Estados y la búsqueda
de una relación respetuosa y fraterna entre las naciones.
Señalamos con
agrado que han surgido propuestas de integración que reflejan
el sentimiento popular de aumentar los lazos solidarios, la cooperación,
el intercambio mutuamente beneficioso y la superación de
las inequidades.
Al mismo tiempo vemos
con preocupación que en buena medida se mantienen los esquemas
neoliberales y el modelo depredatorio, monoproductivo, orientado
a la exportación de recursos naturales y basado en la construcción
de megaproyectos dirigidos a la consolidación de este modelo
el cual produce incalculables daños a los pueblos originarios,
las mujeres, las comunidades campesinas, las fuentes de agua, el
medio ambiente y el desarrollo social, así como se mantiene
un modelo energético no sostenible.
Señalamos que
el mantenimiento de las políticas de libre comercio es obstáculo
para la integración de los pueblos, la justicia social, la
soberanía y la democracia y cualquier esfuerzo para retomar
las negociaciones de liberalización en la OMC contribuirá
a mantener el injusto orden internacional contribuyendo a profundizar
la crisis alimentaria y climática, asi como también
los TLCs y el ASPAN que precisan ser rechazados para que la integración
que queremos pueda avanzar.
Por estas razones proponemos
como alternativas desde los pueblos:
1. Ligar
el proceso de integración al cambio en el modelo productivo
asegurando la soberanía alimentaria, que solo puede alcanzarse
con la profundización de una Reforma Agraria, que permita
planificar y controlar la producción de alimentos para
atender a las necesidades de los pueblos, revalorizando la cultura
agroalimentaria de los mismos, en una nueva organización
de la vida y de las relaciones entre el campo y la ciudad. La
integración debe incluir también la complementariedad
de las economías y el fomento a la producción sustentable.
La biodiversidad y el conocimiento tradicional son patrimonio
de nuestros pueblos, por ello exigimos el cumplimiento del convenio
169 de OIT y la Declaración Universal de Derechos de los
Pueblos Indígenas. Asegurar que el uso humano y la preservación
de las fuentes y acuíferos vitales al abastecimiento público
estén en primer lugar en el ordenamiento jurídico
y administrativo de nuestros países; que sea efectivizado
un Comité Latinoamericano y Caribeño para el monitoreo
y enfrentamiento de las causas y consecuencias del calentamiento
global; y que se garantice a los pueblos originarios y tradicionales
respeto en los procesos de desarrollo y prioridad en la aplicación
de los fondos para la reparación de las injusticias climáticas
que afectan nuestros países.
2. Garantizar
la soberanía de los países sobre los bienes naturales
y sus fuentes energéticas, que no podrá ser alcanzada
en detrimento de la soberanía alimentaria y del medio ambiente,
y que permita alcanzar el bienestar de sus pueblos. Llamamos a
los gobiernos de la región a buscar soluciones dentro de
marcos de justicia y solidaridad frente a la demanda del pueblo
paraguayo en torno a la renegociación de los tratados de
Itaipu y Yaciretá.
3. Asegurar
la primacía de los derechos humanos, la vigencia y exigibilidad
de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales,
adoptando los instrumentos legales para ello. Exigimos garantizar
los derechos de las y los migrantes y la libre circulación
de personas y no solamente el flujo del capital y las mercancias.
Demandamos el compromiso de los gobiernos en ratificar los Convenios
97 y 143 de la OIT y la Convención de la ONU sobre los
Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Famílias.
4. Considerando
que los trabajadores y las trabajadoras son duramente afectados
por la actual crisis del capitalismo, con despidos en masa, reducción
de salarios y flexibilización de derechos, exigimos medidas
que protejan los intereses del trabajo y hagan que los ricos paguen
el precio de la crisis. Defendemos la reducción de la jornada
de trabajo sin reducción de salarios, condicionar la liberación
de recursos públicos para empresas con dificultades para
mantener el nivel de empleo, ampliar el seguro de desempleo, ratificar
y aplicar la Convención 158 de la OIT, y prohibir los despidos
en masa.
5. Denunciar
la criminalización de las mujeres en su lucha por la autonomía
y el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas en la lucha
por la legalización del aborto.
6. Por entender
que el acceso a la salud pública de calidad es un derecho
de todos y todas, reivindicamos que los medicamentos y la propiedad
intelectual no sean incluidos en la agenda de la OMC. Deseamos
que los países tengan la posibilidad de construir un modelo
alternativo de patentes que sirva a sus pueblos, y mecanismos
de transferencia de tecnología al servicio de la soberanía
popular.
7. El modelo
capitalista actual no es capaz de ofrecer tierra urbana y vivienda
en una localización segura a los trabajadores y trabajadoras;
denunciamos que el financiamiento del Banco Mundial y del BID
en las ciudades ataca el derecho de la población al medio
ambiente. Necesitamos de la democratización de los espacios
públicos de las ciudades, con políticas intersectoriales
de saneamiento, deporte y recreación; además de
la redefinición de las prioridades del gasto público
orientado a políticas redistributivas.
8. Es necesario
el fortalecimiento de la educación como un bien público,
social, un derecho universal y un deber del estado. Exigimos el
retiro de la educación de los acuerdos de la OMC. Reafirmamos
la necesidad de una cooperación e integración tecnológica
y científica, basada en valores solidarios, justos y soberanos.
9. Demandamos
la democratización de los medios de comunicación
de América Latina e Caribe.
10. Se advierte
sobre el peligro que entraña la IV Flota (imperial) de
los Estados Unidos que amenaza la paz de la región, ante
lo cual, expresamos nuestro más categórico rechazo
a la presencia del Comando Sur en nuestro continente. Nos sumamos
a la exigencia del pueblo haitiano para el inmediato proceso de
retiro de todas las fuerzas armadas extranjeras. Celebramos la
ratificación de Ecuador para el retiro definitivo de la
Base de Manta y su auditoria, y demandamos que no se desloque
la base de Ecuador a Perú. Denunciamos la creciente criminalización
y judicialización de la protesta social, como así
también la implementación de las llamadas leyes
antiterroristas y advertimos al mismo tiempo una nueva ofensiva
estadounidense para homologar nuestro marco jurídico regional
con la Ley Patriota norteamericana.
11. Las instituciones
financieras multilaterales son las principales responsables de
las actuales crisis económica, climática, alimentaria
y energética. Los pueblos necesitamos de otras instituciones;
su sola reforma significará la profundización de
las crisis y resultará en una nueva etapa de endeudamiento
ilegitimo para nuestros países. Reclamamos a los gobiernos
de América Latina y el Caribe que se retiren de estas instituciones,
incluyendo al CIADI; una simple reforma en el sistema de poder
de decisión no va a superar su lógica. Las deudas
ilegitimas que se reclaman a nuestros países ya fueron
pagadas varias veces y representan un mecanismo de dominación.
Exigimos el reconocimiento del derecho al no pago y el compromiso
de los gobiernos de priorizar los derechos de los pueblos y la
naturaleza sobre el pago de una deuda financiera ilegítima.
Saludamos el no pago de la deuda decidido por el gobierno ecuatoriano,
respaldado por un proceso integral de auditoria, y nos solidarizamos
con la intención de iniciar nuevos procesos en Paraguay,
Bolivia, Venezuela y la creación de la CPI de la deuda
en Brasil. Conclamamos a los demas gobiernos de la región
y del mundo a respaldar la acción soberana del gobierno
ecuatoriano, a emprender iniciativas similares y avanzar en la
creación de nuevas instituciones, como el Banco del Sur,
que pueden contribuir en la construcción de una nueva arquitectura
financiera regional y global.
12. Demandamos
que los gobiernos reconozcan la deuda ecológica y que destinen
recursos para la necesaria reparación ambiental.
13. Fortalecer
y dotar de herramientas eficaces y equitativas a los procesos
de integración en curso, buscando su convergencia y superando
sus deficiencias, especialmente en lo que se refiere a dotarlos
de una institucionalidad operante, garantías para la superación
de las asimetrías, resolución de los conflictos
por medio del diálogo y teniendo como mira permanente el
beneficio de la población.
14. Pedimos
el pleno reintegro de Cuba a la comunidad latino americana y caribeña
y la eliminación del bloqueo a la isla y la libertad para
los cinco patriotas cubanos presos injustamente en las cárceles
de EUA.
15. Exigimos
la libertad y el fin de la persecución de las feministas
nicaragüenses presas por defender los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres.
16. Exigimos
el fin de la criminalización de los movimientos sociales
en nuestra región.
Llamamos a los pueblos
de América Latina y el Caribe a la movilización para
avanzar en la integración regional y la preservación
de las conquistas realizadas y de la democracia, construyendo alternativas
de cambio social que nos permitan la realización de una sociedad
más justa, equitativa y soberana.
Salvador, Bahia, Brasil
14 de diciembre de 2008
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