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Montreal, 18
de agosto de 2007
1er Encuentro norteamericano de organizaciones del sector energético
Por el desarrollo nacional y democrático
de los recursos energéticos en América del Norte.
Una declaración conjunta y solidaria de
Organizaciones
· Unión
Nacional de trabajadores de confianza de la industria petrolera
(UNTCIP)
· Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)
· Alianza Nacional Democrática de los Trabajadores
Petroleros (ANDTP)
· Sindicato Único de trabajadores de la Industria
Nuclear (SUTIN)
· Comité national de l’énergie
· Frente Auténtico del Trabajo (FAT)
· Unión de los Metalúrgicos Unidos de América
(USW)
· Sindicato de emplead@s de técnicas profesionales
y de oficinas de Hydro-Québec – Sección local
2000 SCFP
· Sindicato de especialistas y profesionales de Hydro-Québec
– Sección local 4250 SCFP
· Sindicato de empleados de oficio de Hydro-Québec
– Sección local 1500 SCFP
· Sindicato de tecnólog@s de Hydro-Québec –
Sección local 957 SCFP
· Sindicato canadiense de la función pública
(SCFP)
· Sindicato de comunicaciones, de la energía y del
papel (SCEP)
· Sindicato de comunicaciones, de la energía y del
papel (SCEP) – Sección local 121 – Refinería
de Shell Canadá en Montreal
· Federación de los trabajadores y trabajadoras de
Québec (FTQ)
· Central de sindicatos democráticos (CSD)
· Confederación de sindicatos nacionales (CSN)
· Consejo central de Montreal Metropolitano - CSN
· Federación internacional de trabajador@s de la química,
de la energía e industrias afines (ICEM)
Redes y Movimientos
sociales
· Red
mexicana de acción frente al libre-comercio (RMALC)
· Red quebequense frente a la integración continental
(RQIC)
· Common Frontiers Canada
· Alliance for Responsible Trade (ART-US)
· Federación de Mujeres de Québec (FFQ)
· Asociación derecho a la energía – SOS
Futuro
· Consejo de los canadienses
· Instituto Norte Sur
· KAIROS
· Coalición del Québec – Verde –
Kyoto y Asociación quebequense de lucha contra la contaminación
atmosférica (AQLPA)
Las trabajadoras y trabajadores del sector energético de
México, Estados Unidos y Canadá, junto con nuestras
contrapartes de la sociedad civil y los movimientos de solidaridad
en el continente, declaramos a nuestros miembros y a los ciudadanos
en cada uno de nuestros países, nuestro compromiso con el
desarrollo nacional y democrático de nuestras industrias
energéticas.
En esta ocasión
nos reunimos ante la cumbre de Montebello sobre la Alianza para
la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) que
vincula a nuestros países en un nuevo marco para la integración
continental basado en la agenda de seguridad de la presidencia de
George Bush. Esta agenda se desarrolla con la complicidad del presidente
Calderón y del primer ministro Harper, pero carece de legitimidad
por parte de los pueblos de México, Canadá y Estados
Unidos.
Compartimos
las preocupaciones de los movimientos de la sociedad civil en tanto
el ASPAN es un nuevo y poderoso instrumento creado por los gobiernos
y las élites corporativas para orientar el destino de nuestras
naciones, sin que haya una participación ciudana ni mecanismos
democráticos de vigilancia. Rechazamos la agenda de seguridad
del ASPAN que vincula el TLCAN y el comercio a la restricción
de las libertades civiles, al espionaje masivo, a la caracterización
racial de las personas y a las fallidas y desastrosas políticas
exteriores y militares de George W. Bush. Ponemos en duda los supuestos
neoliberales para la prosperidad, que han llevado en cada uno de
nuestros países a una disparidad cada vez mayor en el nivel
de bienestar y a un desequilibrio del poder.
Sin embargo,
como trabajador@s del sector energético estamos obligados
antes que nada en responder a la agenda en materia de energía
del ASPAN. Mediante el ASPAN y el Grupo de Trabajo sobre Energía
de América del Norte, los gobiernos de México, Estados
Unidos y Canadá han establecido una colaboración sin
precedentes con las corporaciones de energía para la promoción
de la integración regional de nuestras industrias e infraestructura
energética. Nueve grupos de trabajo han estado trabajando
con intensidad para integrar las agencias del petróleo, gas
natural, electricidad, energía nuclear, hidrocarburos, ciencia
y tecnología y de regulación. Mientras que estos grupos
de trabajo reúnen a gobierno, reguladores y corporaciones
al más alto nivel, han excluido a l@s trabajador@s, ambientalistas
y movimientos de la sociedad civil y se han sustraido de la vigilancia
de nuestras legislaturas electas.
La agenda corporativa
del ASPAN, que busca institucionalizar la lógica continental
empresarial a costa de los planes de desarrollo local y nacional,
incluye:
· La
integración completa de las redes de electricidad entre nuestros
países y la continuación de la desregulación
de la electricidad en cada país con el fin de favorecer la
generación de electricidad para la exportación.
· La promoción de un sistema integrado amplio de terminales
de gas natural, y de importaciones de gas natural líquido
(GNL) para enfrentar la escasez que dentro poco se vislumbra en
el abastecimiento de gas.
· El objetivo de volver “más eficiente”
ciertos procesos regulatorios en cada país a la vez que se
desregula los proyectos de oleoductos transfronterizos, se aspira
a quintuplar la producción en el área de las arenas
bituminosas en Canadá, y se mantienen los esfuerzos de privatización
de las industrias energéticas.
· La intervención directa de los Estados Unidos para
garantizar la seguridad de las instalaciones de energía
Estos y otros
elementos de la agenda corporativa del ASPAN no son sustentables
y sacrifican las necesidades de l@s trabajador@s y las comunidades
en cada país a favor de las ganancias de las corporaciones
de energía. Se trata de una agenda que no atiende la necesidad
en cada país de reducir las emisiones de gas, incluyendo
una nueva ronda de metas de largo alcance después del año
2012. Este modelo corporativo continental de energía tampoco
responde a las necesidades de desarrollo económico ni reconoce
el papel central que en el desarrollo económico comunitario
juegan las industrias energéticas.
Compartimos
el temor que la promoción de bio-combustibles y del etanol
amenaza a la estabilidad económica agrícola y a la
soberanía alimentaria en América del Norte. Los productores
agrícolas así como los consumidores no pueden ser
sacrificados en el altar de las inversiones especulativas y no sustentables
de las nuevas industrias de bio-combustible.
L@s trabajador@s
de energía en cada uno de nuestros países tienen un
sentido de urgencia y profundas preocupaciones en torno a las políticas
energéticas equivocadas que se están dando en el contexto
del ASPAN.
En Estados Unidos:
· La
oposición de Bush y Exxon a los esfuerzos mundiales para
combatir el cambio climático global;
· La desregulación de la energía, favoreciendo
fraudes corporativos como el de Enron;
· El aumento de los costos de la energía para las
familias trabajadoras y la industria;
· El cierre de 50 refinerías de crudo en los últimos
12 años;
· La creciente dependencia del petróleo extranjero.
En México
· La
privatización anti-constitucional de la industria energética
de México, que protege la Constitución;
· Las amenazas repetidas de privatizar PEMEX;
· Las industrias petrolera y petro-química que operan
a 80% y 50% de su capacidad respectivamente;
· Las restricciones que pone Estados Unidos al desarrollo
de la energía nuclear en México;
· Las políticas económicas neoliberales;
· El ataque a las libertades sindicales de l@s trabajador@s
de la energía;
· El debilitamiento del rol del Estado y de su necesario
liderazgo en materia de energía y de desarrollo.
En Canadá:
· El
incumplimiento de las metas de Kyoto;
· La negación de las necesidades canadienses en materia
de seguridad energética;
· El desarrollo de las arenas bituminosas basado en las exportaciones
de bitumen;
· Las exportaciones de gas natural y la pérdida de
trabajos en la industria petroquímica;
· La desregulación de la electricidad y las fallas
de la lógica mercantil.
Las industrias energéticas en cada uno de nuestros países
deben de estar guiadas por el principio común de la democracia
y la sustentabildad.
Afirmamos la
responsabilidad y el derecho que tienen los gobiernos electos democráticamente
de definir las políticas energéticas a nivel nacional
y local, de defender y promover la propiedad pública en el
campo de la producción y distribución de energía,
y de regular las actividades de las empresas privadas de energía
en un marco de política nacional y local. El acceso a los
recursos energéticos para satisfacer las necesidades humanas
básicas es un derecho de la ciudadanía y no debe ser
negado por mercados injustos y la avaricia corporativa. Los recursos
energéticos en cada uno de nuestros países pertenecen
a sus pueblos y deben ser administradas democráticamente
en función del interés público.
Las redes de
energía, la calefacción de los hogares, el transporte
de combustibles y las fuentes de energía para la industria
son factores necesarios y estratégicos en el desarrollo nacional
y local. Estas industrias proveen de buenos trabajos que sostienen
a familias y comunidades. Rechazamos el modelo de desarrollo energético
que sacrifica la producción y abastecimiento local de energía
a favor de sistemas de suministro por redes continentales, que nunca
cesan en su empeño por eliminar la fuerza de trabajo. Apoyamos
el derecho de las comunidades locales de demandar que los recursos
de energía sean manejados localmente para que alcancen el
valor más alto posible.
L@s trabajador@s
de la energía entienden las transformaciones históricas
que son necesarias para alcanzar la sustentabilidad energética
global. El petróleo, el gas, el carbón y otras industrias
basadas en el carbón, están afectadas por las medidas
que se deben tomar para enfrentar el cambio climático global
y reducir de manera dramática las emisiones de gas con efecto
invernadero. La hidroelectricidad y la energía nuclear a
gran escala también enfrentan retos ambientales formidables.
L@s trabajador@s de la energía entienden la necesidad de
conservar y ser más eficientes con el uso de la energía,
y la importancia de desarrollar nuevas industrias de energía
renovable, así como de nuevas políticas en cada país
que puedan tener un impacto en la seguridad en el empleo. Estamos
preparados para ser parte de la solución que se fundamente
en una Transición Justa, y que garantice que l@s trabajador@s
y las comunidades no tengan que soportar de manera injusta todo
el peso del cambio social y ambiental.
La sustentabilidad
y el desarrollo nacional y local de los recursos energéticos
no pueden alcanzarse sin el involucramiento democrático de
l@s trabajador@s y las comunidades. La política energética
no encontrará sus metas sin las voces de los sindicatos de
la energía y las comunidades.
Condenamos las
políticas de restricción a los sindicatos que muchas
corporaciones de la energía adoptan, y el fracaso de los
respectivos gobiernos de garantizar el derecho de l@s trabajador@s
a organizarse libremente en estructuras sindicales independientes
y democráticas.
Nos comprometemos
a propiciar una nueva solidaridad hemisférica de trabajador@
a trabajador@ para asegurar el crecimiento de nuestros sindicatos
y la negociación de fuertes acuerdos colectivos con los empleadores.
A través de la ICEM (Federación Internacional de Sindicatos
de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas)
y la UIS-TEMQPIA (Unión internacional de sindicatos de trabajadores
de le energía, metal, química, petróleo e industrias
afines) y otros cuerpos sindicales internacionales, estableceremos
redes fuertes y responderemos a los llamados de solidaridad cuando
nuestros miembros se embarquen en luchas sindicales y comunitarias.
Nos comprometemos
en crear mecanismos de coordinación entre el presente foro
y el Foro latinoamericano y caribeño de trabajadores de la
energía para compartir experiencias y emprendre acciones
comune frente a los planes de integración energética.
Continuaremos
trabajando con nuestros aliados sociales en los movimientos de solidaridad
del continente para reunir a l@s trabajador@s de los países
y para juntos enfrentar las consecuencias dañinas de los
injustos tratados de comercio y de las políticas neoliberales
de globalización.
Las políticas
energéticas darán forma a nuestro mundo en el siglo
XXI. Estas políticas llevarán ya sea a un desarrollo
democrático y sustentable, o al desastre ambiental global
y a nuevas guerras de agresión. L@s trabajador@s de la energía,
sus sindicatos y sus aliados en México, Canadá y Estados
Unidos actuaremos juntos por el desarrollo nacional, democrático
y sustentable, de nuestros recursos energéticos.
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