MANIFIESTO
EN DEFENSA DE NUESTRAS TIERRAS,
EL TERRITORIO Y EL AGUA
LIC.
FELIPE CALDERÓN HINOJOSA
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Presente
Los pueblos
y comunidades amenazados con la destrucción y el despojo
por los proyectos de construcción de las presas La Parota
sobre el Río Papagayo en Guerrero, Paso de la Reina sobre
el Río Verde en la costa de Oaxaca y El Zapotillo sobre el
Río Verde en los Altos de Jalisco, le manifestamos nuestro
rechazo a ser desplazados de nuestras tierras y denunciamos que,
desde que esos proyectos llegaron a nuestras comunidades, se violan
sistemáticamente nuestros derechos por parte de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) en los casos de los proyectos La Parota
y Paso de la Reina y por la Comisión Nacional del Agua (CNA)
en el proyecto El Zapotillo.
Nuestros pueblos están
fincados sobre territorios ancestrales. Nuestras tierras y territorios
son “tierras de comunidades ya antiguas, son tierras comunales,
que no son mercancías a ser compradas y vendidas sino que
forman parte de la comunidad” como mencionó en su visita
a La Parota el Dr. Rodolfo Stavenhagen, entonces Relator Especial
de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Situación de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas.
Por ello le manifestamos nuestra decisión y nuestro derecho
a defender y seguir habitando nuestras tierras.
Los miles de afectados
de Temacapulín, de Acasico y Palmarejo en los Altos de Jalisco
no aceptamos desaparecer bajo las aguas de la presa El Zapotillo
programada para abastecer a los industriales de León, cuando
en esa región de Guanajuato hay cuatro presas inutilizadas.
Los 17 mil afectados directos y 97 mil indirectos de los Pueblos
indígenas Chatinos y Mixtecos, y pueblos afromexicanos y
mestizos de la Costa de Oaxaca le manifestamos nuestro rechazo al
proyecto hidroeléctrico de usos múltiples llamado
Paso de la Reina y exigimos se respete nuestro derecho a seguir
viviendo de acuerdo a nuestros propios modos de vida en las comunidades
agrarias, ejidos y municipios. Los 25 mil afectados directos y 75
mil indirectos, de los Ejidos y de los Bienes Comunales Indígenas
de Cacahuatepec en Guerrero hemos dicho que va nuestra vida por
delante y no permitiremos que entreguen nuestras tierras a las constructoras
internacionales de presas y a las trasnacionales de la electricidad
que buscan crear un gigantesco mercado de energía como parte
del Proyecto Mesoamericano (antes Plan Puebla Panamá).
La CFE y la CNA desde
que irrumpieron en nuestras tierras han roto el tejido social, han
causado divisionismo y se han movido en la ilegalidad y la impunidad.
El 20 de Noviembre de 2008 lanzaron la licitación del proyecto
El Zapotillo sin contar con el permiso de los propietarios de la
tierra y sin haberse aprobado la manifestación de impacto
ambiental. En Paso de la Reina han ocultado la información,
han engañado a las comunidades indígenas y han buscado
confrontar a pueblos y municipios afectados. En La Parota la CFE
destruyó miles de árboles y caminos sin el consentimiento
de los afectados y sin haber podido, hasta la fecha, obtener el
permiso de los campesinos para iniciar el proceso de expropiación
y de cambio de uso del suelo. Pretendieron obtener dichos permisos
con engaños y con la fuerza policíaca a través
de asambleas fraudulentas que fueron declaradas nulas por el Tribunal
Unitario Agrario. Después de largos seis años de agresiones
permanentes, la CFE confiesa que no cuenta con la anuencia de los
Núcleos Agrarios para iniciar esos procesos por lo que legalmente
está impedida para realizar cualquier trabajo relacionado
con el proyecto hidroeléctrico.
Los pueblos indígenas,
mestizos, afromexicanos y campesinos afectados ponemos por delante
la defensa de nuestros derechos. En ningún caso hubo información,
consulta ni aceptación de los proyectos. El Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de
la ONU, en su Sesión 29 del 19 de Mayo de 2006 afirmó
“Urge al Estado Mexicano asegurar que las comunidades indígenas
y locales afectadas por el proyecto de la Presa Hidroeléctrica
La Parota u otros megaproyectos en las tierras y territorios que
éstos poseen o que tradicionalmente ocupan o utilizan sean
debidamente consultadas, y que se procure su previo consentimiento
informado en cualquiera de los procesos de toma de decisión
relacionados con estos proyectos que afectan sus derechos e intereses
reconocidos en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), en concordancia con el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre
Pueblos Indígenas y Tribales. El Comité también
urge al Estado Parte a reconocer los derechos de propiedad y posesión
de las comunidades indígenas sobre las tierras tradicionalmente
ocupadas por ellos”.
Nuestra decisión
está sustentada en la justicia y la legalidad. Hemos demostrado
que los proyectos ocasionarían graves impactos sociales y
ambientales irreversibles. Sabemos que la generación de energía
que se obtuviera con estas presas no busca atender nuestras necesidades
y la de nuestro país sino que está orientada para
cumplir compromisos con las empresas trasnacionales. En México
existe capacidad instalada de generación de energía
que excede en 48% la demanda actual. No nos oponemos al desarrollo,
pero nos preguntamos ¿desarrollo para quién? Si los
proyectos no significan desarrollo integral para la población,
no es desarrollo. El Veredicto del Tribunal Latinoamericano del
Agua, refiriéndose a La Parota, claramente dice “el
proyecto debe cancelarse ya que no demuestra los beneficios a la
población local ni su contribución al desarrollo regional,
ni considera la protección del ambiente y los recursos naturales”.
Señor Presidente:
Estas son nuestras razones,
todas ellas basadas en la justicia y el derecho. Pedimos a Usted
con fundamento en nuestras garantías constitucionales que
nos señale fecha, hora y lugar para celebrar una audiencia
donde le podamos exponer de manera directa nuestras razones y preocupaciones.
Nuestra demanda es la CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LOS
PROYECTOS DE PRESAS: LA PAROTA, PASO DE LA REINA, EL ZAPOTILLO Y
ARCEDIANO, Y EL CUMPLIMIENTO DE PAGO JUSTO Y DIGNO A LOS DESPLAZADOS
POR LA PRESA EL CAJÓN.
México, D.F.,
19 de Marzo de 2009.
A
T E N T A M E N T E
CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITORES A LA PRESA LA PAROTA
(CECOP)
CONSEJO DE PUEBLOS UNIDOS POR LA DEFENSA DEL RÍO VERDE
(COPUDEVER)
COMITÉ SALVEMOS TEMACAPULÍN, ACASICO Y PALMAREJO
COMITÉ DE RESISTENCIA CONTRA LA PRESA DE ARCEDIANO
AFECTADOS POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA EL CAJÓN
c.c.p. Navanethem Pillay,
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas.
c.c.p. Raquel Rolnik, Relatora Especial de las Naciones Unidas para
el Derecho a una
Vivienda Adecuada.
c.c.p. Oliver de Shutter, Relator Especial de las Naciones Unidas
para el Derecho a la
Alimentación.
c.c.p. James Anaya, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre
la Situación de los
Derechos Humanos y la Libertades Fundamentales de los Indígenas.
c.c.p. Alberto Brunori, Representante de la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en México
c.c.p. Javier Bogantes, Coordinador, Tribunal Latinoamericano del
Agua.
c.c.p. Irene Khan, Secretaria General de la Organización
para la Defensa de los Derechos
Humanos Amnistía Internacional.
c.c.p. José Miguel Vivanco, Director de la División
de las Américas de Human Rights
Watch.
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